Salinas Pliego acumula deuda multimillonaria: de 63 000 a 74 000 millones de pesos con el SAT
- guizarnoehmi
- hace 7 horas
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En apenas un año, la deuda fiscal de Grupo Salinas con el SAT creció en 11 000 millones de pesos, llegando a 74 000 millones. Esto ocurre mientras Ricardo Salinas Pliego recurre a tribunales para retrasar el pago.

► ¿Cómo surgió esta deuda?
En 2008 se generó el impuesto y en 2009 debía haberse cubierto.
El SAT inició una revisión en 2013 y, tras una auditoría compleja, en 2016 determinó que había una omisión significativa.
Aunque Grupo Salinas tuvo tres años para presentar pruebas, nunca lo hizo y la deuda fue confirmada. ▌ Resulta que llevan 16 años sin cumplir con sus obligaciones fiscales.
Litigios en curso Grupo Salinas enfrenta al menos 32 juicios —entre tribunales colegiados y la Suprema Corte—, que retrasan el pago.
En la Suprema Corte hay tres casos que suman 26 000 millones.
Otros 5 en tribunales de circuito representan 8 000 millones, y 13 más en tribunales administrativos, otros 20 000 millones.
Reacción oficial Según la Procuradora Fiscal Grisel Galeano, este grupo “usa su poder corporativo para demorar resoluciones” y recibe respaldo de la Suprema Corte. “Estos recursos solo retrasan, pero la justicia llegará”, afirmó. La Presidencia, a través de Claudia Sheinbaum, recalcó: “Va a tener que pagar”, independientemente de las maniobras legales y mediáticas de Televisión Azteca (también propiedad de Grupo Salinas).
Alarmas y posibles motivaciones
Esta deuda y los juicios —revelados desde marzo de 2024— han sido vinculados por AMLO con la campaña editorial de Televisión Azteca contra su gobierno.
Sheinbaum también acusó a Salinas Pliego de impulsar la oposición al proceso de elección del Poder Judicial, al verse afectado por posibles jueces imparciales.

Conclusión: Una deuda aún en disputa
La cifra actual asciende a 74 000 millones de pesos con recursos legales en curso.
La estrategia de Grupo Salinas es litigar para postergar la deuda hasta que posiblemente la corte les favorezca.
Sin embargo, la postura oficial es clara: el pago es obligatorio y se espera que, tarde o temprano, se cumpla.
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