Juez amenaza con enjuiciar la administración de Trump por desobedecer órdenes judiciales

La batalla legal por las políticas migratorias de Donald Trump acaba de dar un giro dramático. Esta vez, un juez federal de distrito no solo alzó la voz, sino que advirtió que podría llevar al Gobierno a juicio por un posible desacato penal. La razón: desobedecer deliberadamente una orden judicial que prohibía deportar a migrantes venezolanos a El Salvador, en un episodio que ya está encendiendo las alarmas en los pasillos del poder.

El juez James Boasberg, nominado al cargo por el expresidente Barack Obama, escribió en una resolución de 46 páginas que las acciones del Gobierno el pasado 15 de marzo reflejan un “desprecio deliberado” por su mandato legal. Ese día, a pesar de tener prohibido realizar expulsiones, el equipo de Trump continuó con los vuelos de deportación hacia El Salvador. No solo eso: al aterrizar, más de 200 migrantes —en su mayoría venezolanos— fueron llevados directamente a la cárcel de máxima seguridad conocida como Cecot, una prisión temida por sus condiciones extremas y su historial de violaciones a los derechos humanos.

Boasberg fue claro: si el Gobierno no rectifica de inmediato y no regresa a estos migrantes a suelo estadounidense para que puedan ejercer su derecho a impugnar su expulsión, podría iniciarse un proceso penal. Esta advertencia no es menor. Se trata de una posible acusación por desacato criminal, algo muy poco común a este nivel y que subraya la gravedad de lo que ocurrió.

La historia tiene un trasfondo que la hace aún más polémica. Para justificar las expulsiones exprés, la administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que apenas ha sido usada tres veces en la historia de Estados Unidos, siempre en contextos bélicos. Esta vez, se argumentó que los migrantes eran presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana. Sin embargo, el uso de esta ley para justificar deportaciones masivas sin el debido proceso ha sido duramente cuestionado por expertos y defensores de derechos humanos.

Pero lo que más encendió la mecha judicial fue la actitud desafiante del Gobierno. En lugar de acatar la orden del juez, algunos funcionarios celebraron públicamente su desobediencia. Boasberg citó, por ejemplo, un retuit del secretario de Estado Marco Rubio, quien compartió una burla del presidente salvadoreño Nayib Bukele hacia la decisión judicial. Para el juez, estos gestos son algo más que torpeza diplomática: demuestran una intención clara de ignorar la autoridad de la justicia.

Y por si fuera poco, este no es el único frente legal que enfrenta la administración. Un día antes, en un caso similar, la jueza Paula Xinis en Maryland exigió respuestas sobre la deportación de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que fue enviado a la Cecot supuestamente por un “error administrativo”. La jueza no se tragó la excusa y ordenó que altos funcionarios del Gobierno testifiquen y expliquen qué están haciendo para corregir el fallo. El reloj corre: tienen dos semanas para demostrar que están cumpliendo.

En medio de esta tormenta judicial, la pregunta clave es si el sistema legal puede frenar el impulso autoritario de una administración que, según muchos críticos, ha estirado los límites del poder ejecutivo hasta romperlos. El mensaje de los tribunales ha sido contundente: nadie, ni siquiera la Casa Blanca, está por encima de la ley. Y si el Gobierno no se retracta, podría enfrentarse a un juicio que pondría en jaque su ya cuestionada ofensiva antimigrante.