La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha puesto sobre la mesa una propuesta que busca transformar la manera en que se resuelven los conflictos en el estado. Ante el Congreso local, presentó la Iniciativa con Proyecto de Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, señalando con firmeza que el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV) no está cumpliendo con las expectativas.
“Es necesario reconstruir la confianza en estos mecanismos”, destacó Nahle García, refiriéndose al bajo impacto que ha tenido el CEJAV frente a la creciente demanda en el sistema judicial tradicional. Y los números respaldan su postura: durante 2024, el Poder Judicial estatal atendió más de 65 mil casos en materias civil, mercantil y familiar, mientras que el CEJAV, con sus 10 mil 100 expedientes, solo resolvió un 9.32%.
La mandataria no dudó en señalar los problemas estructurales del CEJAV, que van desde su limitada capacidad operativa con solo siete centros regionales, hasta su dependencia del Ejecutivo estatal. Además, mencionó que aunque Veracruz cuenta con antecedentes en justicia alternativa desde 2005, los avances han sido insuficientes, con índices de productividad estancados en los últimos cinco años.
Para cambiar esta realidad, la iniciativa propone un Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias especializado en temas civiles, mercantiles, familiares y administrativos, que estaría integrado al Poder Judicial y contaría con delegaciones en cada distrito judicial. La meta es clara: acercar la justicia alternativa a todos los rincones del estado y aliviar la carga de los juzgados tradicionales.
Con esta propuesta, Nahle García busca no solo reestructurar el sistema, sino también promover una cultura de resolución pacífica de conflictos, donde los ciudadanos tengan opciones viables y accesibles. “Es el momento de adecuar estos mecanismos a las necesidades de nuestra gente y garantizar su funcionalidad en todo Veracruz”, concluyó.
El reto ahora está en manos del Congreso y en la capacidad del estado para implementar estas transformaciones, que podrían marcar un antes y un después en la impartición de justicia en Veracruz.
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