La senadora Alejandra Lagunes, del Partido Verde, ha presentado una propuesta de ley para regular la ciberseguridad en México. Esta iniciativa no solo aborda aspectos relacionados con delitos y sanciones en el ámbito digital, sino que también se enfoca en la capacitación en seguridad digital y en fortalecer la confianza digital.
Durante una mesa de análisis organizada por la Asociación de Internet MX, Lagunes subrayó la carencia de un marco regulatorio robusto que proteja adecuadamente a ciudadanos, empresas y al gobierno en el entorno digital. Ella calificó esta ausencia como una "deuda pendiente desde la administración anterior", la cual ha dejado al país vulnerable frente a las crecientes amenazas cibernéticas.
Lagunes expresó su sorpresa por la falta de avance en la discusión de una ley sobre ciberseguridad en los últimos seis años. A pesar de que existen 29 iniciativas relacionadas en el Congreso, solo una, la del diputado López Casarín, ha avanzado significativamente, aunque no fue aprobada debido a la oposición de varios sectores que temían la militarización de la seguridad y el registro de incidentes cibernéticos.
La senadora destacó que la elaboración de su propuesta ha sido un proceso inclusivo, que involucró la participación de expertos y representantes de la sociedad civil. "Realizamos 10 sesiones de trabajo, con más de 50 horas de diálogo y la colaboración de más de 20 expertos de la sociedad civil y la comunidad científica", comentó Lagunes.
El objetivo principal de la iniciativa es establecer un marco regulatorio integral que refuerce la seguridad y la confianza en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. "Estamos promoviendo una cultura de ciberseguridad que abarca la educación y la concientización en seguridad digital, involucrando a todos los sectores desde el gobierno hasta la sociedad civil", explicó la senadora.
Uno de los componentes clave de la propuesta es la creación de un Sistema Nacional de Ciberseguridad y Confianza Digital. Este sistema coordinaría las políticas públicas en ciberseguridad y garantizaría los derechos humanos en el ciberespacio. Incluiría un Consejo Nacional de Ciberseguridad, una Comisión Consultiva de Ciberseguridad, y la transformación del Infotec en el Instituto Nacional de Innovación y Formación en Tecnologías Digitales y Ciberseguridad.
Otro aspecto importante de la propuesta es la modificación del Código Penal para imponer sanciones más severas por delitos cibernéticos como hackeos, accesos no autorizados a información, y ciberdelitos sexuales. Lagunes también resaltó la importancia de tener un banco de datos de incidentes cibernéticos, asegurando la confidencialidad y seguridad de la información recopilada.
Cynthia Solís, abogada especializada en ciberseguridad y derecho digital, considera que uno de los puntos fuertes de la iniciativa es su estructura mejorada en comparación con propuestas anteriores. La propuesta aborda la ciberseguridad desde múltiples perspectivas, incluyendo regulación, capacitación y asignación de presupuesto, lo cual Solís considera un acierto. Al ser una propuesta federal, evita conflictos de competencias con los estados, reduciendo posibles controversias constitucionales en el futuro.
"Es una de las iniciativas más completas que hemos visto en años recientes. No solo cubre aspectos técnicos de la ciberseguridad, sino también elementos sociales y educativos", afirmó Solís. La propuesta también incluye la reparación del daño a las víctimas de ciberdelitos, complementando lo que ya se establece en la Ley General de Víctimas. Solís destacó la importancia de reconocer no solo el daño económico, sino también el impacto psicológico que los ciberdelitos pueden tener en las víctimas.
A pesar de estos aspectos positivos, Solís expresó algunas preocupaciones sobre la iniciativa. Una de ellas es el título de la ley, "Ley de Confianza Digital", que podría generar una percepción equivocada de que no existe confianza en el entorno digital. Además, la mención de la intencionalidad en el artículo 168 bis del Código Penal podría ser problemática debido a la dificultad de probarla en el ámbito penal. Solís también sugirió que el glosario de términos podría ser más completo y evitar anglicismos innecesarios, y expresó preocupación por la omisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en el Sistema Nacional de Ciberseguridad.
Por último, la inclusión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en temas de ciberseguridad genera preocupación para Solís, quien advierte que esto podría dar lugar a abusos de poder si no se supervisa adecuadamente. "Incluir a la Sedena en ciberseguridad podría ser un arma de doble filo si no se regula y supervisa adecuadamente", alertó.
La senadora Lagunes está a punto de dejar el Senado, lo que plantea incertidumbre sobre el futuro de la iniciativa. Según Solís, es posible que la propuesta quede estancada o no sea discutida, dependiendo de las prioridades de los nuevos legisladores. "Me preocupa que esta iniciativa pierda impulso con la salida de la senadora Lagunes y no se discuta como merece", concluyó Solís.
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