Un juez federal detuvo este jueves la controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba acabar con la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal nacidos en Estados Unidos. La decisión supone el primer gran revés para el nuevo mandatario en sus planes de reforma migratoria.
El magistrado John C. Coughenour, del distrito federal en Seattle, declaró que la medida es "manifiestamente inconstitucional", según reportó ABC News. Coughenour, un veterano juez nominado por Ronald Reagan en 1981, señaló: “He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso donde el caso presentado sea tan claro como este”.
La medida de Trump, firmada apenas unas horas después de su llegada al poder, buscaba redefinir un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución: la ciudadanía automática para quienes nacen en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. De haberse implementado, el decreto habría impedido que niños nacidos bajo estas condiciones obtuvieran pasaportes o números de seguridad social, limitando sus derechos básicos y su futuro acceso al empleo legal.
La reacción no tardó en llegar. Veintidós estados, liderados por gobiernos demócratas, presentaron demandas contra el decreto. En una primera oleada, 18 estados interpusieron sus denuncias el martes, seguidos por otros cuatro que lograron una respuesta inmediata de la corte federal.
La decisión de Coughenour afecta a estos últimos cuatro estados y estará vigente durante 14 días, tiempo en el que podrían presentarse recursos legales en su contra, según informó The Seattle Times. Por ahora, la pausa temporal deja en el aire uno de los primeros intentos de Trump por cumplir sus polémicas promesas de campaña sobre migración.
Este fallo no solo es un freno legal, sino también un recordatorio de que, incluso para los líderes más poderosos, la Constitución sigue siendo la regla del juego.
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