La desaparición forzada de personas representa una grave infracción a los derechos humanos. Su práctica, cuando es generalizada o sistemática, se considera un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible. Los Estados tienen el deber de implementar políticas de memoria, verdad, justicia y reparación para las víctimas, sus familias y la sociedad en general, así como de garantizar medidas para evitar la repetición de estos crímenes.
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la desaparición forzada se define como el “arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad realizada por agentes del Estado o por individuos o grupos que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o del ocultamiento del destino o paradero de la persona desaparecida, privándola de la protección legal”.
Los países del MERCOSUR han compartido un pasado de graves violaciones a los derechos humanos, coordinado regionalmente desde noviembre de 1975 con la “Operación Cóndor”. Durante la dictadura en el Cono Sur, se llevó a cabo un plan sistemático de persecución, detención, tortura, exterminio y desaparición forzada, aunque también se destacó la lucha y resistencia de los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos.
En la recuperación democrática, los organismos de derechos humanos y los Estados jugaron un rol crucial en la adopción de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994) y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006). Desde su fundación en 1991, el MERCOSUR ha enfatizado la democracia, la paz y los derechos humanos, consolidando políticas de coordinación con la creación de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos (RAADH) en 2004 y del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) en 2009.
En 2021, la Comisión Permanente de Memoria, Verdad y Justicia de la RAADH estableció un Grupo de Trabajo en Técnicas Forenses para la Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, que se centra en protocolos y técnicas forenses comunes. El Equipo Argentino de Antropología Forense y el Comité Internacional de la Cruz Roja han sido esenciales en este esfuerzo.
El IPPDH promueve la memoria, la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de desapariciones forzadas, fomentando una cultura de "Nunca Más". En 2022, organizó el encuentro “Desaparición Forzada de Personas en el Marco de la Operación Cóndor”, en colaboración con FEDEFAM.
El 28 de julio, el director del IPPDH, Remo Carlotto, recibió a representantes de organizaciones de familiares de desaparecidos de 12 países de América Latina para fortalecer acciones conjuntas.
El 30 de agosto, designado en 1981 por FEDEFAM como Día Internacional del Detenido-Desaparecido y reconocido en 2010 por la Asamblea General de la ONU como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, es una ocasión para recordar a las víctimas, apoyar a sus familias y promover acciones que aseguren memoria, verdad, justicia y medidas de no repetición.
Este día también busca avanzar en la construcción de una agenda común entre organismos gubernamentales y actores sociales para abordar los problemas actuales y del pasado reciente en toda América Latina.
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