12 estados de EU buscan demandar a Donald Trump por entregar información sensible a Elon Musk

La administración de Donald Trump vuelve a estar en el ojo del huracán, y esta vez, de la mano de Elon Musk. Doce estados, liderados por Nueva York, han encendido las alarmas y anunciado una demanda contra el Gobierno tras la decisión de otorgarle al magnate y su Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE) acceso a información altamente sensible, incluyendo datos privados y sistemas de pago estatales.

La polémica estalló la semana pasada cuando el Departamento del Tesoro permitió a DOGE manejar información bancaria confidencial de los estados sin restricciones. Algo que, según los fiscales de Nueva York, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, Rhode Island y Vermont, es “ilegal, sin precedentes e inaceptable”.

Musk, acostumbrado a hacer y deshacer en el mundo empresarial sin demasiados límites, se encuentra ahora en una arena completamente distinta: el acceso a datos de ciudadanos estadounidenses y a fondos públicos. “Como el hombre más rico del mundo, Elon Musk no está acostumbrado a que le digan ‘no’, pero en nuestro país nadie está por encima de la ley”, afirmaron los fiscales en un comunicado conjunto.

El DOGE, creado por Trump con la supuesta intención de reducir el gasto público, parece haber encontrado en la burocracia gubernamental una vía libre para ampliar su influencia. La demanda se produce tras la renuncia de un funcionario del Departamento del Tesoro que, según reportes, era el último obstáculo que impedía que Musk y su equipo tomaran el control de estos sistemas financieros.

La pregunta que flota en el aire es: ¿qué hará Musk con esta información? Según los fiscales, el objetivo real de DOGE no es solo la “eficiencia”, sino bloquear pagos críticos de los que dependen millones de estadounidenses para su atención médica, el cuidado infantil y otros programas esenciales. Un movimiento que podría afectar directamente a las familias más vulnerables del país.

El escenario está listo para una batalla legal que podría marcar un antes y un después en la relación entre el sector privado y el acceso a la información gubernamental. Mientras Trump y Musk se mantienen en silencio ante las acusaciones, los ciudadanos y legisladores observan con atención. Si algo ha quedado claro en los últimos años es que en la política estadounidense, los intereses de los más poderosos siempre encuentran una forma de avanzar, pero ¿será esta la línea que no podrán cruzar?